El pasado 24 de octubre todos los grupos políticos del Parlamento Vasco acordaron:
- Que el actual sistema de gestión directa de comedores escolares precisa de cambios y mejoras en sus procedimientos de adjudicación, transparencia y control. Asimismo, concretar un sistema complementario para los centros que opten por una gestión innovadora y descentralizada.
- Que el Gobierno vasco, en un plazo máximo de cuatro meses contraste las bases de los nuevos pliegos de contratación para que estos cuenten con el mayor respaldo posible.
- Que el Gobierno vasco asegure la construcción de cocinas en aquellos centros que lo soliciten.
- Que en el plazo de 4 meses el Gobierno vasco colabore con la comunidad educativa (familias, centros, representantes sindicales) para analizar otros modelos de gestión descentralizada (gestionados por los propios centros y/o en colaboración con las instituciones locales). Todo ello siempre manteniendo el carácter público del servicio y la viabilidad técnica, jurídica y administrativa.
- Que el Gobierno vasco proponga una nueva redacción de la actual normativa en vigor (Orden de 2000) para que los cambios acordados puedan aplicarse el curso que viene 2020-2021.
Desde EHIGE valoramos positivamente que el Parlamento vasco haya acordado cambiar un sistema fraudulento. Ahora falta que el acuerdo político no quede en saco roto y que exista una voluntad real de cambiar un modelo que no satisface a las comunidades escolares y que ha supuesto una merma económica y de calidad tanto para el erario público como para las familias.
Para ello, es imprescindible establecer un calendario regular de trabajo con todos los agentes implicados (centros, familias, personal trabajador) y hacer propuestas viables.
Cocinas en los centros
El Plan de Infraestructura educativas 2019-2023 presentado recientemente en el Parlamento cuenta ya con una nueva línea de acción: la construcción de cocinas in situ. Dicho plan recoge concretamente la construcción de siete cocinas en otros tantos centros educativos públicos: CEP Atxondo, CEP Murumendi, IPI Karmelo, CEIP Zabalarra, IES Juan Orobiogoitia, CEIP Lantziego y CEIP Zaldibar.
No obstante, teniendo en cuenta el acuerdo parlamentario, os animamos a solicitar para vuestro centro una infraestructura necesaria para mejorar la calidad alimentaria. Aquí encontraréis un modelo.
Otros tipos de gestión, elección de empresa
Hemos solicitado tanto al Departamento de Educación como al Parlamento vasco que analice otros tipos de gestión, como la municipal, que ya conocemos de Iparralde e Iruñea. Esta gestión descentralizada permite, entre otras cosas, esquivar el sistema de grandes lotes del Departamento de Educación.
También hemos solicitado que analicen los modelos de Madrid y Cantabria, donde es el centro el que elige una empresa de cáterin previamente homologada por el Departamento de Educación en un acuerdo marco. En el caso de Madrid dichas empresas pueden suministrar solo la materia prima (en caso de contar con cocina) o el menú elaborado en una cocina central. En estos casos el centro deja de ser un cliente “cautivo” de una empresa y permite acceder a prestar el servicio a pequeñas y medianas empresas.
Ámbito pedagógico
El comedor debe dejar de ser un servicio externo al centro y las actividades que se desarrollan en el horario de mediodía deben ser acordes al Proyecto de Centro. En este ámbito llevamos tiempo exigiendo mejoras como estas:
- Una comisión de comedores obligatoria en todos los centros educativos, que se encargue de organizar y supervisar este espacio, y de proponer las actividades de este horario.
- La mejora de las ratios de monitoras, especialmente en primaria y secundaria.
- Una formación del personal (responsable, cocina, comedor) acorde con el espacio pedagógico que es el comedor.
- Perfil lingüístico del personal acorde al modelo D de nuestras escuelas e institutos.
- Espacios amables, menos ruidosos.
En definitiva, exigimos que la comunidad educativa de cada centro escolar decida el sistema que mejor responda a sus necesidades, siempre en el marco de un modelo público que garantice un servicio universal, de calidad y con todas las garantías de seguridad así como unas condiciones laborales justas.
