Bebidas energéticas fuera de control. Su consumo disparado revela la necesidad de medidas regulatorias para proteger la salud de la infancia y adolescencia. Justicia Alimentaria demanda la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, la prohibición de la publicidad y el marketing dirigido a niños y jóvenes, etiquetas de advertencia en los envases y una corrección en el precio para disuadir el consumo excesivo. Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, nos lo cuenta en el siguiente artículo.
Estos últimos días vemos como ha irrumpido en la agenda mediática el consumo cada vez más elevado de las mal llamadas bebidas energéticas y los peligros que supone para salud de los y las menores. Se trata en realidad de un cóctel de cafeína y azúcar, ya que cada lata suele contener el equivalente a dos tazas de café y 7 u 8 sobres de azúcar.
Los impactos en la salud son conocidos: alteraciones de comportamiento, irritabilidad, nerviosismo y trastornos cardiovasculares, como el aumento de la tensión arterial o taquicardia.
Tan solo algún dato, cerca del 70% de las y los adolescentes de 10 a 18 años las consumen regularmente, y un 12% de ellos consume más de 7 litros al mes. Incluso entre las y los niños de 3 a 10 años, alrededor del 20% ha sucumbido a su atractivo.
Pues bien parece que después de estar encerrado el debate bajo candado durante años, ya no se ha podido parar y hay CCAA que están valorando la prohibición de su venta para menores de 18 años. Pero las bebidas energéticas, son solo la punta de lanza de una realidad todavía más dramática, que no es si no la absoluta desprotección de nuestras hijas e hijos delante de la alimentación insana, y la falta de políticas y regulaciones que tengan como objetivo protegerles de este consumo.
Así, en Pais Vasco y el Estado español no existe una regulación pública de la publicidad infantil, el decreto que ya estaba redactado el año pasado a nivel estatal y que ponía al estado español en el grupo de cabeza de la UE con países como UK y Portugal, decayó en el último momento por el veto ejercido por el Ministro de Agricultura, después de la oposición del lobby industrial alimentario.
No tenemos política fiscal alimentaria que grave los alimentos más insanos y que abarate los que realmente son necesarios que aumente su consumo, es decir, tenemos una política que fomenta una pirámide nutricional invertida, facilitando el consumo de productos golosina y desincentivando los productos saludables y frescos.
No tenemos una política de alimentación escolar para los comedores y que se perciban como centros ligados al consumo saludable y sirvan además de motor para el desarrollo del tejido agrícola cercano.
No tenemos un etiquetado claro de los alimentos que de una forma sencilla y rápida nos ayude a distinguir los alimentos.
En resumen, nuestras administraciones públicas no es que hayan estando mirando para otro lado, sino que llevan décadas haciendo políticas a favor del beneficio de estas grandes empresas a costa de la salud de millones de personas. Ha llegado el momento de decir basta, y exigir políticas que garanticen una alimentación saludable y justa para todas y todos. En estos momentos el Gobierno Vasco tiene una oportunidad de oro de dar un paso adelante, prohibiendo las bebidas energéticas y regulando la publicidad infantil en el marco del debate de la nueva Ley para la protección de la infancia y adolescencia.
Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria
Más información:
https://justiciaalimentaria.org/informe-bebidas-energeticas/[:]
